Adiós a Pedro García San Nicolás

Discretamente, como lo fue durante toda su vida, nos dejó Pedro García San Nicolás, abogado, FUNCIONARIO PÚBLICO (con mayúsculas) del Ayuntamiento de Madrid, quién a lo largo de su andadura como tal, desarrolló los estatutos de IFEMA, ejerció durante años como Director de los antiguos recintos de La Casa de Campo, dónde mediante su gestión reinvirtió en obras y mejoras de pabellones buena parte del superávit conseguido, hasta que por esas incomprensibles disposiciones lo “desplazaron” a la sede central de la desaparecida Madrid Espacios y Congresos, desde dónde se marchó contrariado a su cargo Técnico Profesional como abogado al ayuntamiento madrileño; todo por qué  su forma de ser “no encajaba” con quienes por entonces  “dirigían” Madrid Espacios y Congresos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                    

 

La respuesta es sí. “El caso Collini” del abogado penalista Ferdinand Von Schirach lo ha conseguido en Alemania; en enero del 2012, pocos meses después que se publicara este libro, el Ministerio de Justicia de la República Federal de Alemania encargó a una comisión independiente la investigación del pasado nacionalsocialista (nazi) en el Ministerio de Justicia.

¿La razón? En 1968 se dictó la llamada ley de Dreher EGOWiG, obra de Eduard Dreher, que en el Tercer Reich era fiscal jefe del tribunal especial de Insbruck y pese a su pasado, llegó a ser subsecretario de Estado y director del Departamento de Derecho Penal.

El cambio de artículos de la ley Dreher, permitió a los acusados la prescripción de sus delitos (deportaciones, homicidios y asesinatos durante el Tercer Reich) y quedaron en libertad. Aquel escándalo judicial fue destapado por la prensa demasiado tarde.

Ubicados en el estadio de la justicia en nuestro país habrá que comenzar por separarla de la política (más bien de los políticos) tratando de recuperar su independencia. Revisar la PRESCRIPCIÓN del delito (económico, corrupción, etc. de cargos públicos) establecer (entre otras cosas) un plazo máximo en las resoluciones judiciales como una necesidad URGENTE. Veremos.